Crimen organizado en Centroamérica

El delito organizado en América Central

Por Mariano Bartolomé

 

 

El delito y la violencia disminuyen el PBI Latinoamericano

 

La muerte del cantautor argentino Facundo Cabral en la capital guatemalteca, a manos de sicarios vinculados con la criminalidad organizada, constituye la más reciente muestra del continuo deterioro de las condiciones de seguridad de la región centroamericana. 

 

Ese deterioro fue documentado recientemente por el Banco Mundial (BM) en un informe especial en el cual se revela que la violencia y criminalidad de la zona incrementan los gastos en salud y la seguridad privada entre otros costos. De sus páginas se desprende también que una tasa de criminalidad elevada perjudica el clima de inversión y desvía los escasos recursos públicos hacia el fortalecimiento del sistema policial en lugar de fomentar las actividades económicas.

Según ese dossier, la criminalidad y la violencia podrían llegar a reducir el PIB regional en un 8%. Al respecto, se indica que las condiciones de seguridad de algunas zonas de El Salvador, Guatemala y Honduras son tan extremas, con casi un homicidio por cada mil habitantes, que socavan las esperanzas de paz y estabilidad que surgieron luego de la resolución de las guerras civiles regionales. Por su parte Costa Rica, Nicaragua y Panamá tienen niveles de criminalidad comparativamente menos graves, aunque su crecimiento constante es una preocupación seria.

 

 

Cuáles son los factores que inciden sobre la tasa de delito

El BM identificó como las causas principales de la elevada tasa de criminalidad y violencia en América Central a cuatro factores que, lejos de presentarse aislados entre sí, interactúan potenciándose sinérgicamente. Ellos son el narcotráfico, la violencia juvenil, la existencia de “maras” o pandillas y la disponibilidad generalizada de armas de fuego. Respecto a las maras, se estima que actualmente existen más de 900 agrupaciones en el área centroamericana, totalizando unos 70 mil miembros; estas organizaciones, integradas por jóvenes de 15 a 34 años de edad, constituyen la abrumadora mayoría de las víctimas de homicidio.

El narcotráfico está considerado el principal factor detrás de los crecientes niveles de violencia en la región, por donde circula el 90% de la cocaína que llega a EEUU. El BM ha advertido que en las zonas neurálgicas donde opera el narcotráfico tienden a registrar tasas de criminalidad 100% más elevadas que en el resto del istmo. Además, la evidencia indica que el tráfico de drogas incrementa los niveles de corrupción dentro del sistema judicial y empaña la legitimidad de las instituciones públicas. Y la corrupción del sistema judicial hace que las víctimas de la criminalidad en general tiendan a desconfiar aún más de él, aprobando la justicia por mano propia y perdiendo convicción en que el estado de derecho debe ser respetado siempre.
 

 

Armas ilegales en América Central

 
Por otro lado, el estudio estima que desde 2007 circulan unos 4.5 millones de armas en Centroamérica en su mayoría ilegales, fruto de guerras civiles prolongadas.

El reporte del BM que aporta todos estos datos, coincide con otras fuentes que también alertan sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en esta zona geográfica. En el marco de un foro realizado recientemente sobre los retos estadounidenses en las Américas, organizado por la Red Nacional Demócrata (NDN), el embajador mexicano ante ese país Arturo Sarukhán, consideró que Centroamérica -en especial Guatemala- es víctima del éxito de la lucha antidrogas que llevan a cabo EEUU y México, lo que cual origina un desplazamiento de la actividad criminal hacia el sur.

El diplomático sostuvo que no se trata de un fenómeno privativo de Centroamérica pues también se aprecia en la región del Caribe, conforme los gobiernos de Obama y Calderón presionan a los cárteles de las drogas que transportan las drogas desde América del Sur.

La tesis de un desplazamiento de los carteles criminales desde México a América Central coincide con las apreciaciones que resaltan la gravedad de la situación en Honduras, Guatemala y El Salvador. Estos países conforman lo que da en llamarse el “Triángulo Norte” centroamericano y allí las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas son responsables de la corrupción de gran cantidad de políticos y jefes policiales, al tiempo que ostentan arsenales más amplios y mejor equipados que los que pueden exhibir las Fuerzas Armadas.

Una elocuente muestra de la gravedad de la situación en América Central está dada por las declaraciones emitidas el 30 de marzo ppdo por el general Douglas Fraser, jefe del Comando Sur. Dijo este alto jefe militar que la región centroamericana “probablemente se haya transformado en la zona más mortalmente peligrosa (“deadliest”) del planeta, fuera de Irak y Afganistán”. Convalidando esa contundente apreciación, las tasas de homicidios en algunas ciudades de la región, como San Pedro Sula en el norte de Honduras, equivalen a las que se registran en Mogadisco (Somalia) o en la localidad afgana de Kandahar.
   

 

El agravamiento de la violencia en América Central

 
Respecto a la cuestión de la violencia, tanto los incrementos cuantitativos como su agravamiento, desde el punto de vista cualitativo, se vinculan con una letal combinación entre la crueldad de los carteles criminales y la precisión de los ex militares de elite que conforman sus brazos armados. El ejemplo paradigmático, en este sentido, es el del grupo conocido como Los Zetas, que ha expandido sus acciones más allá de la frontera meridional de su México natal; entre sus integrantes se cuentan miembros de las fuerzas especiales de ese país y también de Guatemala (los “kaibiles”), así como mareros, que reciben entrenamiento en campamentos ocultos en las selvas de la zona.

En lo que hace a la situación de Honduras en materia criminal, mencionada en un párrafo previo, la influencia que allí tienen los carteles criminales parece incrementarse de manera constante. Según Luigi Mazzitelli, responsable de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODC) para México y América Central, más del 10% de los miembros del Poder Legislativo hondureño tienen vínculos con los traficantes transnacionales de droga. Hugo Llorens, embajador de EEUU en esa nación, declaró que aproximadamente un 42% de todos los aviones que transportan cocaína desde América del Sur hacia su país, atraviesan el espacio aéreo hondureño. Y en la misma línea Walid Makled, un importante narcotraficante venezolano hoy preso en Colombia, declaró desde prisión a la cadena Univision que todos los días entre Venezuela y Honduras se registran cinco o seis vuelos de aviones que transportan droga.

Guatemala no le va en zaga a su vecino del sur. Allí también la criminalidad penetró todas las esferas de la vida política, como se constató con la referida muerte de Facundo Cabral. La fragilidad de las instituciones estatales guatemaltecas es, al mismo tiempo, causa y efecto de su permeabilidad a la influencia de las organizaciones criminales. Como ejemplo, cabe recordar que hace cerca de un año y medio, en diciembre de 2009, fueron arrestados por vínculos con organizaciones del narcotráfico tanto el jefe de la Policía Nacional, como el encargado de llevar adelante la política gubernamental antidrogas. El costarricence Francisco Dall'Anese, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) establecida en 2006, no ha descartado que ese país pueda convertirse en un “narcoestado”, si sólo se logran soluciones marginales y no estructurales en la sociedad local y la clase política no expresa con claridad una voluntad de cambio.

Sin embargo, un hecho de capital importancia para las evaluaciones sobre el accionar de la criminalidad organizada en América Central tuvo lugar el 9 de marzo del presente año. Ese día, en una operación combinada entre EEUU y Honduras se ubicó en un área selvática de este último país, un laboratorio de procesamiento de cocaína totalmente equipado, el primero en su tipo en la región centroamericana. De acuerdo a las versiones, los precursores químicos hallados en el lugar alcanzaban para procesar 8 toneladas de cocaína.

En una segunda redada, derivada de la primera, en un predio de San Pedro Sula se hallaron containers repletos de Pasta Base de Cocaína (PBC) semirrefinada, aguardando su procesamiento, y un arsenal que incluía 39 lanzacohetes antitanque Low, dos docenas de rifles de asalto M-16 y AK-47 y numerosos lanzagranadas RPG. De acuerdo al mencionado Mazzitelli de la UNODC, ambos descubrimientos pueden constituir señales de un cambio de rol de América Central en materia de criminalidad organizada: de mero espacio de tránsito a lugar de procesamiento, e incluso de cultivo.

En este sentido, la situación se asemeja a la que se registraba en América del Sur a principios de la década del 80, cuando los traficantes colombianos viajaron a Bolivia y Perú para adquirir PBC que luego procesaban en su propio territorio. Si este escenario es cierto y de alguna forma “América Central será la nueva Colombia”, entonces es previsible esperar mayores niveles de violencia, en el marco de luchas tanto entre los organismos estatales y las bandas criminales, como entre estas últimas por el control territorial.

Frente a un contexto tan complicado como el que hemos descrito, en los últimos meses las naciones centroamericanas adoptaron dos decisiones de importancia. La primera de ellas tuvo lugar a principios del pasado mes de mayo y consistió en la inauguración en la ciudad de Panamá del Centro Operativo de Seguridad Regional (COSR) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)(1) . Este organismo, que dará seguimiento a las operaciones coordinadas y la lucha conjunta contra el crimen organizado, encuadra sus actividades en el marco de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y su respectivo Plan de Acción.

El Centro tiene su sede provisional en instalaciones aeronavales de Panamá ubicadas a las orillas del canal interoceánico. En el acto de inauguración el mandatario anfitrión, Ricardo Martinelli, afirmó que ningún país puede combatir unilateralmente el crimen organizado, ratificando que esa debe ser una labor encarada en forma conjunta por todos los países del área. A su turno el Secretario General del SICA aseguró que “sólo con mayor seguridad se podrá construir un desarrollo sostenible y fortalecer el proceso de integración centroamericana”.

La segunda decisión multilateral clave, registrada recientemente en el estrecho centroamericano, aconteció a mediados del mes de junio y consistió en la realización de una “Conferencia Internacional de Apoyo” a la mencionada Estrategia de Seguridad de Centroamérica. Este evento se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala y estuvo organizado por la Secretaría General del SICA y su presidencia pro témpore a cargo del país anfitrión. 

El objetivo de la conferencia se centró en promover la cooperación intrarregional e internacional para disminuir la violencia derivada de las operaciones del crimen organizado transnacional. Así lo consignó en la jornada inaugural la mandataria costarricense Laura Chinchilla en forma clara y contundente: "Nuestra región es víctima de la brutal arremetida del crimen organizado, que compromete la seguridad de nuestra población y ataca los fundamentos de nuestras democracias”.

Concurrieron a la reunión la totalidad de los mandatarios centroamericanos más los de México y Colombia, Felipe Calderón y Juan Manuel Santos respectivamente; Hillary Clinton, Secretaria de Estado de los EEUU; el Comisario de Comercio de la Unión Europea (UE); el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la vicepresidente del BM, y referentes de cincuenta organismos internacionales, entre ellos los que integran las Naciones Unidas. También se hizo presente la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), representada por la Directora de la Oficina de Representación para Centroamérica y Haití, Doris Osterlof, y el Asesor en Políticas Públicas y Fortalecimiento Institucional, Alejandro Kawabata.

En el evento se evidenció las siderales sumas de dinero que manejan las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, que dificultan en gran manera la acción de los gobiernos comprometidos en su combate y erradicación. Esas sumas se vinculan con una cadena de valor que se incrementa a medida que el producto le llega al consumidor. Mientras un kilogramo de cocaína saliendo de Colombia cuesta alrededor de US$ 1 mil, en Guatemala se cotiza en US$ 13mil, en EEUU en US$ 30 mil y en Europa en más de US$ 160 mil.

La Conferencia permitió que los presidentes de la región expusieran la situación de sus respectivos países en materia de criminalidad. En este sentido Felipe Calderón recordó que en cuatro años han decomisado en su país 53 mil vehículos terrestres, más de 500 aeronaves de todo tipo, casi 12 millones de municiones y 112 mil armas, de las cuales el 60 % son rifles de asalto; de estos, el 70 % son vendidos en EEUU y traídos desde allí.

A la hora de la formulación de propuestas, fuera de toda duda la idea más provocativa fue la que planteó la presidenta costarricense Chinchilla: la creación de un fondo que obligaría a los países consumidores de drogas a pagar una especie de tributo por cada kilo de cocaína interceptado en el istmo. Esta suerte de tributo debería reconocerse a todos aquellos países que tienen pequeñas economías, se han convertido en puentes del narcotráfico hacia los países ricos y realizan grandes esfuerzos para controlar este flagelo. 

El así llamado Fondo de Compensación para el Combate de la Delincuencia Transnacional (FONDECA), sería un instrumento financiero mediante el cual las naciones consumidoras evitarían los costos mayores de pago de estas drogas cuando llegan a sus mercados y las naciones de tránsito contarían con un incentivo a su desempeño que les permitiría financiar programas de prevención y mitigación del efecto de esas drogas. La asignación de los fondos se haría mediante un mecanismo de “premios” que garantice la mayor retribución al país que realiza la incautación, mientras un porcentaje adicional iría al financiamiento de programas de escala regional.

Debe consignarse que en la Conferencia, cuando los expositores efectuaron menciones a los países consumidores de drogas, las referencias apuntaron a los EEUU, en tanto nación con mayor cantidad de consumidores del continente. Desde las páginas del periódico guatemalteco La Hora, el periodista Oscar Marroquín asegura que "las voces de dirigentes latinoamericanos que han tenido experiencias directas en la lucha desigual contra el narcotráfico apuntan cada vez con más vigor hacia el replanteo profundo de las políticas diseñadas por Washington". Con este marco, se sostuvo que correspondía a la Casa Blanca aportar financieramente al combate del flagelo de la droga en América Latina.

Entre quienes sostuvieron esta tesis, el gobernante anfitrión Álvaro Colom indicó que los estadounidenses consumen el 83 % de la droga que pasa por la región, y los europeos otro 17 %, por lo que tienen una responsabilidad para el combate al narcotráfico. Su par mexicano Calderón, en tanto, indicó que si la cocaína es un mercado de ventas brutas de US$ 35 mil millones en EEUU, y una buena parte de ese dinero alimenta a las bandas criminales de América Central, la ayuda internacional debe ser por lo menos equivalente al flujo de dinero en dólares que reciben los criminales centroamericanos.

La respuesta a esas críticas, a través de Hillary Clinton, apuntó a recordar que el gobierno de Obama invierte importantes recursos en frenar el consumo y en desmantelar redes de tráfico de armas. En esta línea, por tercer año consecutivo esa administración estaría destinando US$ 10 mil millones para financiar la reducción de demanda a través de la educación y prevención en el plano doméstico. Al mismo tiempo estarían aumentando los esfuerzos policiales para encontrar las filiales de organizaciones criminales transnacionales y aumentar el trabajo en contra de las redes de tráfico de armas.

Sin embargo, en la Conferencia se coincidió en que los cambios no deben provenir solamente de la superpotencia; su origen deben ser también los gobiernos de la región, por cuanto -en reiteradas oportunidades- la ayuda exógena suele ser rechazada por motivos de soberanía. Sobre todo cuando el donante exige mecanismos de verificación del destino que se le dan a sus aportes, para evitar su malversación o la corrupción de funcionarios públicos. Al mismo tiempo, hubo consenso en que las medidas de corte represivo contra el narcotráfico solamente son efectivas si se implementan, en simultáneo, con recursos de importancia, instrumentos legales claros y contundentes, y la debida contención del adicto. 

Otras propuestas surgieron de Karel De Gucht de la UE, quien expuso que Centroamérica necesita un paquete de reformas para un sistema de justicia independiente y transparente; leyes sólidas para combatir la corrupción y el blanqueo de dinero; y una política fiscal más equilibrada. El presidente Santos, de Colombia, sugirió la creación de un centro regional contra el lavado de activos; integrar plataformas informáticas delincuenciales instantáneas, con el fin de detectar antecedentes de sospechosos; y establecer centros especiales de entrenamiento para las fuerzas de seguridad. Y la mencionada Laura Chinchilla hizo ver que el problema de las drogas debe verse también como un problema de salud pública. 

Finalizando el cónclave, los gobernantes centroamericanos adoptaron la “Declaración de Guatemala” en virtud de la cual se adopta la Revisión de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, su Plan de Acción con costos, así como un total de 22 proyectos priorizados con sus respectivos perfiles. En ese documento se decidió también el establecimiento de un Mecanismo de Coordinación, Evaluación y Seguimiento.

La Declaración pone de manifiesto “que la violencia en Centroamérica se ha incrementado como resultado de la confluencia de factores externos y de problemas estructurales internos que agravan dicha situación y es en este contexto que la Comunidad Internacional reconoce el principio de la responsabilidad compartida y diferenciada para enfrentar esta amenaza transnacional sobre nuevas bases de cooperación y una más efectiva coordinación”

El saldo que arrojó el evento, en materia de compromisos de cooperación internacional, sumó aproximadamente US$ 2 mil millones. El BM anunció que aportará la mitad de esa cifra, a lo que se agrega un crédito por US$ 500 millones anunciado por el BID y US$ 300 millones que comprometió EEUU. Australia, España, Canadá y otros organismos internacionales también aportan US$ 200 millones a este intento de mejora de la seguridad en Centroamérica.

En síntesis, el dramático cuadro de inseguridad y criminalidad que experimenta América Central, que ha sido considerada como el área más violenta del orbe, responde a múltiples factores que interactúan entre sí, potenciándose en forma sinérgica. Esos elementos incluyen la fragilidad institucional, una gobernabilidad mermada, la proliferación de maras, escaso desarrollo económico y casi nula equidad social, y un creciente tráfico de estupefacientes en sentido sur-norte, apuntando sobre todo al mercado de consumo estadounidense.

Revertir la situación arriba descrita es una experiencia de largo aliento, que sólo puede reportar resultados exitosos a mediano plazo, en la medida en que se tome en cuenta la naturaleza multicausal y multidimensional de la violencia centroamericana. En ese sentido resulta imperioso diseñar políticas públicas acordes, que trasciendan la coyuntura y perduren en el tiempo, y que le otorguen un lugar central a la cooperación multilateral. El Centro Operativo de Seguridad Regional y la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica son iniciativas que, más allá de su efectividad, constituyen saludables iniciativas de importante valor simbólico.



 

Mariano Bartolomé es Graduado y Doctor en Relaciones Internacionales, especializado en Seguridad Internacional. Profesor en niveles de posgrado de la Universidad del Salvador (USAL) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Director del Posgrado en Políticas Públicas de Seguridad de la Universidad de Morón (UM). Gracias!

 

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