Cómo mejorar la seguridad ciudadana

Conozca la estrategia nacional sobre prevención delictiva y seguridad comunitaria de Canadá

  

 

 

Al comenzar la década del 90, el gobierno de Canadá comprobó, a través de encuestas, que las principales preocupaciones de la gente estaban centradas en temas delictivos.
Los estudios revelaban que la ciudadanía consideraba que las soluciones a ese problema debían darse mediante un accionar conjunto entre el gobierno y la comunidad, dado que la respuesta tradicional basada en el sistema de "policía, justicia y cárcel", resultaba insuficiente para la contención del delito.

A partir de entonces, el gobierno canadiense se impuso la tarea de articular un sistema adecuado de prevención y control del delito, el cual fue surgiendo como producto de un minucioso y amplio estudio de la situación en sus diferentes ámbitos.
Se anunció en 1994 la implementación de la "Estrategia Nacional sobre Prevención Delictiva y Seguridad Comunitaria" y la creación del Consejo Nacional de Prevención de la Delincuencia, encargado de la aplicación de las diferentes etapas de dicha estrategia.

Este Consejo se constituyó como organismo independiente de asesoramiento al ministerio federal encargado de la justicia, sanciones y orden público, de manera que permitió mantener informado al gobierno sobre los avances en la puesta en práctica de la estrategia y proponer direcciones y prioridades.

El estudio y evaluación de los factores desencadenantes de la delincuencia, permitió establecer las siguientes causales:

- Falta de acceso igualitario a la educación y al mercado laboral.

- Condiciones de vida inadecuadas.

- Presencia de altos índices de violencia, discriminaciones, intolerancia y desesperanza. Los conflictos existentes en la familia, en los colegios y el maltrato a menores cobran singular importancia.

- Zonas de extrema pobreza en la periferia de las grandes ciudades.

- Consumo abusivo de drogas y alcohol.

- Carencias en los primeros años de vida (falta de supervisión, ruptura familiar, abusos, traumas).

- Dificultades en la educación (conductas problemáticas, ausentismo escolar y deserción, etc.)

- Problemas en el funcionamiento de organismos policiales y cortes de justicia.

- Falta de una visión comunitaria coordinada sobre cómo abordar el problema delictivo.


El diagnóstico orientó la implementación de la estrategia, estructurada en base a políticas diferentes para cada necesidad, que a su vez contenían diversos programas.
Estas políticas fueron aplicadas en todo el territorio nacional por medio de distintos organismos nacionales, provinciales y municipales y de manera conjunta entre los sectores oficial, comunitario y privado, desarrollando variados programas de aplicación.
 

 
Las políticas se dividieron en:

1. Políticas Orientadas a la Prevención de la Delincuencia

 

Contienen programas que atacan de manera directa todas las áreas posibles de gestación del delito. Así, se implementaron múltiples y completos programas destinados a la juventud, la familia, la comunidad, la drogadicción.

Los programas juveniles se desarrollan sobre niños de nivel preescolar en adelante y además de involucrar a autoridades escolares, a profesionales sociales y a la policía, cuentan con una significativa participación de jóvenes voluntarios capacitados para riesgo o que hayan delinquido.

Los planes dirigidos a la familia están destinados a brindar herramientas para el adecuado manejo de situaciones conflictivas y/o violentas en los hogares, a partir del concepto de que el entorno familiar conflictivo y agresivo hace que los jóvenes busquen espacios fuera del seno de la familia vinculándose, eventualmente, con el mundo del delito.

El trabajo sobre la comunidad se centra en la creación de espacios informativos y educativos respecto a la magnitud del problema delincuencial y sus consecuencias negativas para el país, así como a la toma de conciencia de las condiciones que fomentan el accionar delictivo y los mecanismos creados para combatirlo.
En torno a ello, se creó el Centro de Estadísticas Judiciales Nacionales, con el objeto de que la ciudadanía en pleno tuviese fácil acceso a la información relativa al sistema de administración de justicia y a los datos de la realidad delictiva.

En cuando a la drogadicción, Canadá contaba desde 1987 con la "Estrategia Canadiense Antidrogas", en base a cuya experiencia se creo, en 1998, el Centro Canadiense de Abuso de Sustancias, desplegando una amplia política de difusión de información, educación, estudios y asistencia a centros de tratamiento de la drogadicción.
 
 

2. Políticas de Planificación y Diseño de Espacios Públicos para hacer Ciudades Seguras

 

A partir del diseño y planificación en cuanto a iluminación, señalización, ubicación de zonas residenciales y comerciales, existencia de edificios abandonados, etc., se buscó reducir los índices de temor y de ocurrencia de la delincuencia.

Se reglamentaron normas de construcciones seguras en todos los ámbitos, ya fueran barrios, instituciones, áreas comerciales, sitios industriales, zonas recreativas, parques, plazas, espacios abiertos, etc.

En la ciudad de Toronto el Consejo de la Ciudad creó en 1988 el Comité de Seguridad de la Ciudad de Toronto, que bajo el lema "Ciudades Seguras", se abocó al mejoramiento del diseño de espacios públicos y privados, aumentando las dificultades y riesgos para el accionar de los delincuentes. Luego de cuatro años de estudios y experiencias, se publicó la "Guía de Trabajo para Planificar y Diseñar Espacios Urbanos Seguros".

 

(N.E.: Pueden encontrarse valiosos materiales sobre el diseño de espacios urbanos seguros en ONU Hábitat, http://www.onuhabitat.org/ )

 

 

3. Políticas Orientadas al Control del Delito

 

La nueva realidad delictiva exigió modificaciones legales, policiales y en el sistema penal.

3a. Modificaciones Legales:

Se reformó la Ley de Infractores Juveniles elevando las penas en los casos de homicidio en primer o segundo grado; transfiriendo los casos graves y violentos de adolescentes entre 16 y 17 años a las cortes de adultos; extendiendo los períodos de encarcelamiento previo para acceder al sistema de libertad condicional, y mejorando los sistemas de intercambio y acceso a información para profesionales de la justicia juvenil.

También se modificó la política de armas tendiendo a restringir la posesión y utilización de armas de fuego; se incorporó un código de principios para jueces respecto a sentencias, penalidad para el caso de quebrantamiento de libertad condicional, procesos relativos a drogas, medidas alternativas para adultos, etc., y se estudiaron mecanismos de mejoramiento en el trato de infractores de alto riesgo.

3b. Política Policial:

Se capacitó al personal policial para actuar conjuntamente con las comunidades en la aplicación de los programas de prevención de la delincuencia.
Se asignaron policías de a pié en los barrios al considerarse que adquiere capacitación para conocer e identificar los problemas locales que les conciernen.

En 1990 se sustituyó el patrullaje tradicional por uno asignado por zonas e integrado a la comunidad, mediante el cual es considerada la opinión y deseos de la ciudadanía para determinar estrategias.

Se implementó un sistema para catalogar a los "delincuentes duros", a quienes se les impusieron penas que dificultaran su devolución a las calles o accedieran a la libertad a través de fianzas o libertad condicional.

Se crearon instituciones y "mini comisarías" facilitando la iteración de la policía con la comunidad y se estableció el compromiso por parte de la policía de rendir cuentas a la ciudadanía.

3c. Sistema de Justicia Delictiva:

Se estableció la "suspensión condicional", por la que delincuentes sentenciados a prisión, pueden cumplir su pena en otros términos, en un sistema de control que asegura una estricta vigilancia.

Se crearon mecanismos tendientes a que los delincuentes primerizos o de delitos menores cumplieran con penalidades alternativas a las cárceles, a fin de que tuvieran mejor oportunidad de rehabilitación.

Se crearon los Comités de Justicia Juvenil conformados por voluntarios que trabajan gratuitamente (padres, jóvenes, policías, profesionales, ciudadanos), como extensión del sistema de justicia penal y pudiendo aplicar medidas alternativas al sistema tradicional.

Se estableció un sistema de "adopción" por oficiales de policía hacia jóvenes primerizos con un fin tutor.

Se implementaron actividades técnicas y formadoras para jóvenes reclusos con el objeto de capacitarlos para adoptar actividades lícitas en el momento de recuperar su libertad.


Conclusión.

Los esfuerzos del gobierno de Canadá para el logro de la prevención y control del delito determinaron que habiendo alcanzado una tasa de 10.342 delitos por cada 100.000 habitantes en 1991, se redujera en un 27 % en 1999.

 

 

Material extractado del sitio Web de la Fundación Paz Ciudadana de Chile

 

 
 

Usted está en   https://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4170.htm

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