Para resolver la inseguridad se necesita lograr exclusión cero

La seguridad deriva de políticas integrales y no de la "mano dura"

  Por Bernardo Kliksberg

 
  

 

La delincuencia juvenil en América latina

 

Para los latinoamericanos la inseguridad ciudadana es uno de sus principales problemas diarios; por eso exigen soluciones. Tienen motivos fundados. La región tiene la segunda tasa mayor de homicidios anuales del mundo y duplica la que tenía en 1980.

En diversos países, se difunde la idea de que se deben apoyar políticas de "mano dura". Esa visión apunta a un tratamiento básicamente policial de todo el problema, enfatizado en medidas como dar más facultades a la policía, permitir el encarcelamiento aun por infracciones menores para dar ejemplo (la llamada tolerancia cero), considerar delito los signos de pertenencia a pandillas, bajar la edad de encarcelamiento, acelerar los juicios, implantar penas más severas, etc.

La realidad ha demostrado que el tema es más complejo. Los países que han aplicado mano dura han fracasado en reducir el delito. Estudios sobre El Salvador, Guatemala y Honduras, que aplicaron mano dura, muestran que las cifras de inseguridad ascendieron y el número de miembros de las maras (pandillas juveniles) aumentó (USAID).

A la luz de la experiencia y los datos disponibles para efectivamente reducir el delito habría que considerar por lo menos las siguientes cuestiones. Hay que diferenciar diversos tipos de delincuencia.

 

Está por un lado el crimen organizado, las bandas del narcotráfico, el secuestro, el tráfico de personas y otras. Es imprescindible que la sociedad se defienda frente a ellas y las desarticule aplicando el máximo peso de la ley. Ello requiere apoyar una renovación profunda de las instituciones policiales, modernizándolas, dotándolas de recursos y capacidades técnicas.

Pero hay otro tipo de problema muy diferente: la delincuencia juvenil. Los delitos de menores, que pueden comenzar por robos pequeños e ir escalando. La evidencia indica que están profundamente ligados con el hecho de que uno de cada cuatro jóvenes latinoamericanos están fuera del sistema educativo y del mercado de trabajo. Carecen en muchos casos también de un marco familiar. La pobreza, que causó no terminaran primaria o secundaria, también desmembró sus familias. Eso los estimula a formar parte de pandillas para tener algún lugar de pertenencia, y su "acorralamiento social" los hace vulnerables al delito.

Así, un estudio muy reciente en Estados Unidos muestra que los delitos de jóvenes subieron en ese país, y que ello estuvo ligado a la crisis y al abandono de los jóvenes desfavorecidos por las políticas públicas.

The New York Times planteó editorialmente (30/12/08) que "la política pública debería desestimular a los jóvenes de formar parte de gangs, reteniéndolos en la escuela, consiguiéndoles trabajos y dándoles programas de servicios sociales, y de consejería". El Congreso americano aprobó por otra parte recientemente la "Ley de la Segunda Oportunidad", que obliga al Estado a apoyar y tratar de insertar a los que salen de las prisiones.

La delincuencia juvenil en América latina requiere políticas activas de trabajo para jóvenes desfavorecidos, más educación, más protección de sus familias, y servicios.

La mano dura agrava el problema en lugar de solucionarlo. Concluye el estudio sobre los países centroamericanos con mano dura antes mencionado que "muchos de los jóvenes jamás han experimentado una interacción positiva con el Estado. Con frecuencia su única vivencia del Estado es la policía haciendo arrestos y encarcelando".

En la práctica la aplicación de la mano dura ha llevado a empujar aún más lejos de la sociedad a los jóvenes en riesgo y llenar las cárceles de ellos. También ha preparado el camino para que ante la falta de respuestas de la sociedad, puedan ser reclutados por el crimen organizado.

 

 

 

Narcotráfico y política económica

 

Señala una investigación de la Universidad Nacional de México sobre dicho país: "la base de apoyo social del narcotráfico comprende a más de 500.000 personas. Mientras no haya una política económica y social para reducir la pobreza será difícil revertir la situación".

Los países exitosos en seguridad ciudadana han sido los de exclusión cero, no los de tolerancia cero. Las menores tasas de delincuencia las tienen países como Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Sin embargo tienen el menor número de policías por habitante.

Su éxito está en que han logrado abrirles plenas oportunidades de inclusión a los jóvenes. Tienen garantizados salud, educación, posibilidades de trabajo, y hay fuerte protección a la familia.

Hay que renovar el debate. Es necesario pasar a políticas más integrales. Junto a fortalecer la policía para enfrentar el crimen organizado, sanearla y profesionalizarla, es imprescindible plantear alternativas a la juventud excluida de la región.

El presidente Lula (de Brasil) termina de lanzar un programa en gran escala en esa dirección, "Tierra de Paz". Se propone enfrentar la grave situación de criminalidad en las favelas de Río con una inversión de más de 580 millones de dólares, dedicada a inundarlas de servicios de salud, escuelas, oportunidades de capacitación, de deporte y desarrollo cultural.

En Argentina, el Ministerio de Educación ha ofrecido a los jóvenes que no terminaron la secundaria apoyos de toda índole para que puedan completarla; hubo una estimulante respuesta.

América latina está en una encrucijada frente a el fundamental problema de garantizar seguridad a sus ciudadanos: mano dura, o "más de lo mismo" que viene fracasando, o respuesta integral.

Bernardo Kliksberg, autor de este artículo que tomamos del excelente sitio web del diario “Clarín” ( www.clarin.com  ) es Asesor Principal para América Latina del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Gracias!

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